El Instituto de Vivienda de Yucatán (Ivey) denunció que algunos asentamientos irregulares en Mérida son utilizados como negocio. Para el combate a estas prácticas es que llevará a cabo censos y programas de vivienda para atender el problema y ofrecer soluciones justas.
En Mérida, Yucatán, asentamientos irregulares son utilizados más como un negocio que como una solución a la falta de vivienda, comentó Felipe Cervera Hernández, director del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán (Ivey). Esta práctica genera preocupación y orilló al gobierno estatal a implementar medidas para regularizar y atender el problema.
De acuerdo con Cervera Hernández, algunas personas han encontrado en la invasión de terrenos una forma de subsistencia, ocupando espacios y luego vendiéndolos. “Hay que diferenciar a quienes realmente necesitan un lugar para vivir de quienes han convertido esto en un negocio”, señaló el director del Ivey.
El gobierno estatal, en coordinación con la Secretaría de Bienestar, implementará un programa que incluirá censos y estudios para identificar casos y ofrecer soluciones estructuradas. Además se contempla la construcción de 10,000 viviendas a través de la CONAVI y 9,500 más mediante el Infonavit.
¿Qué medidas tomará el gobierno para regularizar los asentamientos irregulares?
El gobierno de Yucatán ha anunciado un programa integral que incluye la realización de censos y estudios para identificar a las personas que realmente necesitan vivienda. Estas acciones buscan canalizar los casos conforme a derecho y ofrecer soluciones justas y estructuradas.
Dentro del nuevo Programa Nacional de Vivienda, se destinarán 10,000 inmuebles para personas que no cotizan en sistemas formales, a través de la CONAVI, y 9,500 viviendas para beneficiarios del Infonavit. Estas medidas buscan reducir la informalidad y garantizar el acceso a una vivienda digna.
El director del Ivey destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, en la actualidad no se han realizado desalojos violentos. En su lugar, se busca resolver cada situación mediante el diálogo y soluciones consensuadas.
¿Cómo afecta esta problemática a la justicia social y el derecho a la vivienda?
La utilización de asentamientos irregulares como negocio no solo agrava el problema de la falta de vivienda, sino vulnera los principios de justicia social y derecho a la vivienda. Según Cervera Hernández, esta práctica no tiene relación con la búsqueda de soluciones equitativas.
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Para garantizar el acceso a la vivienda de manera justa, es fundamental implementar políticas públicas que prioricen a las personas en situación de vulnerabilidad.
